FER presenta alegaciones en el trámite de consulta pública de la modificación de la Ley IPPC
En este proceso resulta imprescindible tener en cuenta que el pasado mes de diciembre la Comisión Europea publicó el 8º Paquete Ómnibus —“Ómnibus Medioambiental”—, cuyo objetivo es simplificar la legislación ambiental comunitaria. Entre las iniciativas incluidas se encuentra la modificación de la Directiva 2010/75/UE y de la Directiva (UE) 2024/1785, normas de referencia para las instalaciones industriales y, en particular, para buena parte de las actividades de gestión y tratamiento de residuos.
Por ello, FER considera fundamental que esta circunstancia no solo se mencione expresamente en el proyecto de Ley, sino que su aprobación definitiva se posponga hasta que se conozcan los textos finales del Paquete Ómnibus. El objetivo es evitar que la normativa española incorpore obligaciones que puedan ser posteriormente derogadas o modificadas en el ámbito europeo, generando una carga administrativa y legal adicional para las empresas españolas frente a las de otros Estados miembros.
Además, FER ha planteado otras consideraciones clave para garantizar seguridad jurídica y competitividad:
- Evitar la imposición de requisitos más exigentes que los establecidos en las Directivas europeas.
- Mantener las condiciones, plazos y procedimientos actuales para las modificaciones no sustanciales, evitando que se vuelvan más restrictivos y perjudiciales para los operadores.
- No ampliar el carácter vinculante del informe de compatibilidad urbanística.
- Garantías de participación no supongan más retrasos en los procedimientos.
- Eliminar cualquier referencia a los planes de transformación y al sistema de gestión ambiental hasta que se clarifiquen las obligaciones definitivas tras la aprobación del 8º Paquete Ómnibus.
- Revisar los cambios propuestos en la tipificación de determinadas infracciones muy graves y graves, asegurando proporcionalidad y coherencia normativa.
Desde FER se seguirá de cerca la evolución de este proceso legislativo, defendiendo un marco regulatorio armonizado, estable y alineado con Europa que permita a las empresas del sector operar con seguridad jurídica y en igualdad de condiciones competitivas.
