La facilidad de exigir esfuerzos ajeno
JULIO LORENTE / Responsable del Área Jurídica de FER.
A finales de febrero de 2025, la administración medioambiental del Gobierno Vasco remitió una comunicación a los gestores, modificando la forma de elaborar la memoria anual. El nuevo sistema implicaba la obligación de mecanizar, a través de la aplicación informática INGURUNET, los datos correspondientes a los residuos recibidos de proveedores y los residuos entregados a gestores, diferenciándolos por código LER y tipo de proceso.
En resumen, únicamente para las entradas, sería necesario mecanizar 11 campos por cada proveedor, código LER y operación de valorización. Si un gestor dispone de miles de proveedores, y cada uno entrega 3 o 4 códigos LER distintos, aún con una sola operación de valorización se generarían miles de registros a introducir manualmente, con el consiguiente consumo de innumerables horas de trabajo del personal. Y ello, únicamente si los datos ya se encontraran disponibles; de no ser así, el esfuerzo de recabarlos incrementaría considerablemente la carga de trabajo.
La administración requería estos datos, y el método «fácil y cómodo» para obtenerlos consistía en trasladar la responsabilidad a los administrados.
Debe reconocerse, no obstante, que, tras las observaciones trasladadas por los agentes afectados, se optó por habilitar un sistema alternativo, permitiendo la entrega de los datos mediante un archivo Excel. Este gesto merece nuestro agradecimiento, ya que demuestra una voluntad de respeto e interés hacia los administrados. En cualquier caso, ello no elimina las dificultades que puedan derivarse, dependiendo de los sistemas informáticos y de los datos de partida disponibles, a la hora de completar dicho archivo.
Este caso, que ha tenido un desenlace razonablemente positivo, ilustra una tendencia preocupante: el incremento de las exigencias burocráticas a los gestores de residuos hasta niveles difícilmente asumibles.
Un ejemplo paradigmático de esta tendencia es la plataforma electrónica de RAEE, cuyas cargas administrativas superan todo lo conocido hasta la fecha. La obligación de etiquetar, según las categorías, individualmente cada residuo y de registrar cada movimiento mediante un lector de códigos, como si de un proceso de compra en un supermercado se tratara, es mucho más sencillo de plantear que de llevar a cabo en la práctica.
Otro ejemplo, en este caso con un desenlace menos satisfactorio, es la exigencia de comunicación de datos a la Ertzaintza establecida por la Orden de 14 de diciembre de 2022, cuyos requisitos se alejan de cualquier criterio de proporcionalidad. Así, no se justifica la obligación de proporcionar, junto a la matrícula del vehículo, la marca y el modelo —datos que ya obran en poder de la administración—, ni tampoco la de facilitar la fecha de nacimiento del proveedor o el nombre del conductor si no es el propio proveedor.
Existen otros ejemplos de cargas administrativas que cabe señalar: la obligación de remitir el anexo VII con tres días de antelación para exportaciones a otros países (requisito que solo existe en España), la imposición del alta como instalación de vigilancia radiológica pese a existir ya un protocolo voluntario plenamente operativo, la comunicación diaria de compras de cobre, las exigencias documentales del Real Decreto de envases, o la prohibición de utilizar albaranes como Documento de Identificación (DI), entre otros.
Son únicamente algunos de los casos más visibles, pero existen muchos más, evidenciando un incremento exponencial de la carga administrativa sobre los gestores.
No debería ser así. Las regulaciones deben basarse en los principios de buena regulación, entre ellos el principio de proporcionalidad, que exige que las normas contengan únicamente la regulación imprescindible, tras constatar que no existen medidas alternativas menos restrictivas u onerosas para los destinatarios. También se consagra el principio de eficiencia, que obliga a evitar cargas administrativas innecesarias. Lamentablemente, hoy en día estos principios parecen haberse convertido en una aspiración remota. Para la administración, amparándose en la necesidad, también porque son ellos quienes deben asumir la carga, cualquier exigencia parece legítima. Por ello, merece ser reconocido el gesto del Gobierno Vasco al revisar y flexibilizar sus exigencias iniciales.
Soy consciente de la dureza de estas afirmaciones, pero igualmente dura es la creciente frustración que se experimenta al tener que trasladar constantemente a los asociados nuevas obligaciones y cargas, en muchos casos sin ninguna contraprestación.
Igualmente desalentador resulta observar cómo la administración impone a los administrados la utilización obligatoria de sistemas electrónicos (e-SIR o SIRA, entre otros) que, en demasiadas ocasiones, no cumplen los requisitos mínimos de operatividad. La situación se agrava cuando, al solicitar la habilitación de sistemas alternativos para paliar los fallos, se deniega su implementación por la desconfianza en el uso que se pueda hacer.
Desde esta tribuna, animo a todos los afectados a documentar adecuadamente los supuestos de imposibilidad de trabajo derivados del mal funcionamiento de los sistemas electrónicos, y a ejercitar las acciones correspondientes en vía de responsabilidad patrimonial. Solo así podrá la administración ser consciente del verdadero coste de sus disfunciones.
Quiero finalizar esta nota con un mensaje de optimismo: a pesar de las dificultades, FER continuará luchando y trabajando para evitar la imposición de cargas administrativas innecesarias. No siempre lograremos nuestros objetivos, pero nunca dejaremos de perseverar en la defensa de los intereses legítimos de los gestores
