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Escrito a la Junta de Castilla – La Mancha por la propuesta de tributo para el depósito en vertedero de determinados residuos

En la Disposición final segunda de la Ley 7/2019 de Economía Circular de Castilla-La Mancha que se acaba de publicar se incluye que:

En el plazo de un año de la entrada en vigor de esta ley, el Consejo de Gobierno presentará a las Cortes de Castilla- La Mancha la propuesta normativa del tributo por el que se grave el depósito de residuos industriales peligrosos, residuos industriales no peligrosos y residuos de construcción y demolición en vertedero, así como la reinversión de su recaudación en mejorar la gestión de los residuos y en llevar a cabo actuaciones contempladas en la planificación de gestión de residuos de Castilla-La Mancha conforme a los postulados de la economía circular.

En este sentido, hemos transmitido al Viceconsejero de Medio Ambiente y a la Directora General de Economía Circular que desde FER apoyamos medidas que fomenten el reciclado y la valorización de los residuos. Sin embargo, no estamos de acuerdo con que se apliquen medidas como impuestos al vertido a flujos de residuos procedentes de rechazos de plantas de tratamiento de residuos (excluido el simple almacenamiento), una vez que estos residuos ya han sido procesados y han recibido un tratamiento por parte del gestor.

Para imponer impuestos a los gestores que graven determinadas operaciones como es el vertido, tienen que existir operaciones alternativas técnica, ambiental y económicamente viables, probadas, así como extendidas a nivel industrial en todo ese sector. Y se tienen que cumplir todas estas condiciones y estar ampliamente demostrado su viabilidad de valorización, situación que en el caso de muchos residuos no se da en España.

También echamos en falta que en la Disposición de la Ley se incluya a los residuos municipales. En el planteamiento del tributo solo se incluye en su desarrollo a los residuos industriales y a los residuos de construcción y demolición y, sin embargo, no se hace referencia en ningún momento a los residuos municipales, cuando este es el flujo de residuos más problemático y donde España incumple los objetivos de reciclado y valorización.

No es aceptable que puedan quedar exentos de ese posible impuesto los residuos domésticos cuya gestión sea competencia de administraciones públicas. Son precisamente los residuos domésticos sobre los que la Unión Europea ha hecho especial hincapié para evitar su vertido e incineración, fijando unos objetivos de reciclaje obligatorios del 65% en 2035 y de los que España está muy lejos de alcanzar.

Sin embargo, para otros flujos de residuos sí que se consiguen alcanzar los objetivos fijados por la UE, y si el objetivo del impuesto es fomentar el reciclado, no debería aplicarse al residuo que tiene su origen en el tratamiento de otros residuos para su reciclaje, porque lo que se produce en esa situación es un impuesto de facto al propio reciclaje.

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